El jefe de Ripple, Brad Garlinghouse habló públicamente por primera vez sobre cuán cerca estuvo la compañía de cerrar después de la demanda de la Comisión de Valores de EE. UU. en 2020. Hablando en la Escuela de Negocios de la Universidad de Kansas, admitió: él y el cofundador Chris Larsen consideraron seriamente cerrar el negocio y distribuir las reservas de XRP entre los accionistas proporcionalmente a sus participaciones.

Según Garlinghouse, esa habría sido la salida más fácil: enfrentarse a un regulador estatal con 'recursos infinitos' parecía una tarea casi imposible. La SEC acusó a Ripple de vender XRP como un valor no registrado y nombró a Garlinghouse y Larsen como demandados personales en el caso.

La decisión de luchar no fue fácil. El principal argumento fueron las personas: el cierre habría significado el despido de cientos de empleados. El juicio se prolongó durante cuatro años y le costó a la compañía alrededor de $150 millones en costos legales.

La apuesta resultó ser correcta. La jueza Analisa Torres dictaminó que XRP por sí mismo no es un valor. El caso se resolvió finalmente en mayo del año pasado, ya bajo la nueva dirección de la SEC, que adoptó un enfoque más constructivo hacia el diálogo con la industria de las criptomonedas. Es notable que Garlinghouse se reunió con representantes del regulador cuatro veces entre 2017 y 2019, y nunca recibió una señal de que XRP podría ser clasificado como un valor.

La historia de Ripple se convirtió en uno de los precedentes clave, demostrando que la incertidumbre regulatoria no es un riesgo abstracto, sino una amenaza real para los negocios. Y al mismo tiempo, un ejemplo de cómo la disposición para defender su posición en la corte puede cambiar las reglas del juego para toda la industria.

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